La Cámara Federal de Casación volvió a cerrar la puerta a que se investiguen las torturas sobre la propia tropa en la guerra de Malvinas. Al aceptar un recurso presentado por un militar retirado acusado de mandar a estaquear a un conscripto, los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña sostuvieron que ese tribunal ya había dicho doce años atrás que lo sucedido en Malvinas no eran delitos de lesa humanidad y que regía el estatuto de la prescripción. Los querellantes y el fiscal Javier De Luca confirmaron a este diario que llevarán el tema a la Corte Suprema para que el máximo tribunal salde una discusión que lleva décadas. “Estos hechos no pueden quedar impunes. Nos enfrentamos a un sistema judicial que trabaja a favor de la impunidad”, sostuvo Ernesto Alonso, referente del Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM) La Plata.
En 2019, llegó a la Sala I de la Cámara Federal de Casación un recurso presentado por el militar retirado Jorge Ferrante, que se oponía a que lo investigaran por lo sucedido en Malvinas. A Ferrante lo acusan por las torturas a Julio César Más, un joven conscripto que prestaba funciones en el Regimiento de Infantería 5 durante la guerra. Muerto de hambre y después de haber perdido más de 20 kilos durante el conflicto bélico con el Reino Unido, Más salió en busca de comida, cazó una avutarda y la cocinó. Cuando volvió al puesto, un cabo le anunció que Ferrante había ordenado que lo estaquearan. Pasó entre doce y 18 horas estaqueado. Lo soltó el mismo cabo durante un bombardeo de los ingleses y le hizo prometer que, cuando cesaran las bombas, se iba a dejar estaquear nuevamente para que no fuera él mismo el castigado. Según declaró Más, Ferrante lo fue a ver y le dijo que era un “cobarde” mientras el muchacho estaba amarrado a la intemperie.
Con Ferrante se presentó ante la Casación como amicus curiae una asociación civil –llamada Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica– que tiene entre sus filas a uno de los defensores de genocidas más populares de los tribunales de Comodoro Py, Guillermo Fanego. Dos años después de la presentación, Petrone y Barroetaveña le dieron la razón a Ferrante. Sostuvieron que la misma Sala de la Casación, aunque con una integración diferente, ya había zanjado la discusión sobre las torturas en Malvinas al decir que no se trataba de delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, no eran imprescriptibles.
Petrone y Barroetaveña se ciñeron al fallo que en 2009 emitieron integrantes de la vieja guardia de la Casación –por entonces muy cuestionada por obstaculizar el avance de las causas de lesa humanidad–. Ese año, los jueces Raúl Madueño, Juan Fégoli y Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso habían examinado un planteo de Jorge Eduardo Taranto y lo habían cerrado con ese argumento.
El caso terminó en la Corte Suprema, que el 19 de febrero de 2015 rechazó el recurso que había presentado el CECIM La Plata. El escándalo fue en ascenso, tanto que la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó la decisión de los jueces supremos en la asamblea legislativa del 1 de marzo de ese año. Después, los cortesanos aclararon que no habían analizado el fondo de la cuestión y, por ende, no se habían pronunciado sobre la prescripción o no de los delitos en Malvinas.
El tema llegó, de la mano del CECIM, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que mantiene aún el expediente abierto. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia consideró que lo resuelto por la vieja Casación sólo afectaba a Taranto y en 2018 convalidó que se continuaran las investigaciones contra otras decenas de militares que actuaron en Malvinas y están señalados por torturar a su propia tropa, muerta de hambre y de frío. Son, en total, 95 imputados por más de 120 hechos. En 2019, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto comenzó con las indagatorias y procesó a cuatro imputados. El fallo de la Casación –que anula el fallo de la Cámara de Comodoro Rivadavia– se conoce mientras se llevaba adelante una nueva ronda de indagatorias.
A diferencia de Petrone y Barroetaveña, la camarista Ana Figueroa consideró que la investigación debe continuar. “No resulta razonable separar dicha investigación del contexto de su tiempo, donde el territorio del país se encontraba bajo la opresión de un gobierno de facto, acreditado el funcionamiento de más de seiscientos centros clandestinos de detención, desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, apropiaciones forzadas de niños/as, encarcelamientos clandestinos, persecuciones a opositores y líderes políticos, económicos, culturales o sociales, conforme los juicios que se sustanciaron y aún en trámite en la justicia federal”, escribió Figueroa. “No puede descartarse que en el terreno insular de Malvinas también ese gobierno ilegítimo haya desplegado contra sus soldados las mismas prácticas que fueron común en el territorio”, completó.
El fiscal ante la Casación Javier De Luca, que había caracterizado los hechos como graves violaciones a los derechos humanos o crímenes de guerra, le dijo a Página/12 que recurrirá el fallo de la Casación. “Vamos a pedir que la Corte se expida finalmente para definir si estos son delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o graves violaciones a los derechos humanos –o nada–, pero que se pronuncie a la brevedad”, sostuvo De Luca. “Por supuesto, otra vez está en juego la responsabilidad del Estado argentino: este tipo de hechos no pueden prescribir, no se pueden amnistiar, no pueden operar disposiciones de derecho interno que eviten el juicio contra estos crímenes”.
Junto con De Luca, irán el CECIM La Plata, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires –que conduce Matías Moreno– a la Corte a la espera de que los supremos y la suprema traigan un poco de justicia a quienes también padecieron los tormentos de sus propios jefes durante la guerra.
«Queremos juicios por la verdad por Malvinas»
“Investigar las torturas en Malvinas es una asignatura pendiente de la democracia”, sostiene Ernesto Alonso, referente del Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM) La Plata. Desde esa entidad, anunciaron que van a requerir que se lleven adelante juicios por la verdad, donde los exsoldados puedan contar lo que vivieron en Malvinas ante la dilación de la justicia federal para avanzar con las causas que se iniciaron en 2006 con los primeros testimonios sobre las vejaciones en las islas.
“Hay que asegurar que los testimonios de los compañeros no se pierdan. Estamos hablando de torturas, el Estado tiene una obligación de investigar”, sostiene Alonso. “Frente a un sistema judicial que trabaja en favor de la impunidad, hay que buscar mecanismos que apoyen que se conozca la verdad”, dice el integrante del CECIM. “Los excombatientes tienen encima de su cabeza la estructura de impunidad que dejó la dictadura y que sigue utilizando a las Fuerzas Armadas”, completó.
