La conversación entre los funcionarios de Vidal, espías y empresarios bonaerenses no quedó en la nada. Lo que acordaron lo hicieron a los pocos días y consta en un expediente judicial, al que accedió El Destape, y que demuestra que no fue un exabrupto del ministro Villegas.
– Las notas, en cuanto ustedes me las puedan hacer llegar a nombre mío, personal, confidencial, en mano – dijo el ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas
– ¿Todas distintas? – le preguntaron los empresarios
– Todas distintas. Cada una dice lo que tiene que decir.
Este dialogo consta en el video que encontró la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en el cuál el funcionario de María Eugenia Vidalles explicaba a un grupo de empresarios de la construcción como armar una causa contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina, dirigente de la UOCRA platense. Podrían ser solo palabras, pero no: El Destape accedió a la causa judicial donde se concretaron esas instrucciones al pie de la letra. Cada entidad presentó una nota y el ministro Villegas las reunió y presentó.
La reunión donde Villegas habló de la Gestapo sindical fue el 15 de junio de 2017; las notas presentadas por las entidades fueron justo después. Y una vez que el entonces ministro Villegas tuvo las notas que pidió en la reunión se las hizo llegar al juez Luis Armella el 25 de agosto. Todo figura en el expediente judicial.
El expediente judicial muestra otra arista. El ministro Villegas tenía todas las notas acordadas para finales de junio pero las presenta en el expediente judicial recién el 25 de agosto, casi un mes después. Según consta en el expediente, dos días antes, el 23 de agosto, el juez Armella le hizo un requerimiento de información. Y ahí el ministro contestó y adjuntó las notas que había acordado con las entidades empresarias. Se ve que también era cierto que, como dice en el video, tenían asegurada la cuestión judicial.
Estos documentos muestran que lo que consta en el video no fue la actuación de, como dicen en política, un “bocón”. Lo conversado se cumplió.
“El esquema es el siguiente: nosotros necesitamos preconstituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial”, les explicó Villegas. Luego detalló: “Las presentaciones que ustedes nos hagan a nosotros como instituciones. Con eso, se le da volumen a una instancia judicial a partir de la cual la fiscal con todo soporte de la Procuración General tiene que instar medidas para generar más volumen y el juez aprobar esas medidas. Hemos chequeado con la Procuración, Fiscalía, con el juez que eso va a funcionar. Fue el primer paso hace unas cuantas semanas atrás”.
Ese esquema se cumplió: las instituciones que participaron del encuentro y otras hicieron su presentaciones. Eso lo llevó el propio Villegas al juzgado de Armella.
Por ejemplo, la delegación Buenos Aires de la Cámara Argentina de la Construcción le envió su nota al ministro Villegas justo después de la reunión. El documento tiene fecha del 22 de mayo de 2017, antes de la reunión en la sede del Banco Provincia. Pero fue entregada el 23 de junio, 8 días después de la reunión, según consta en el matasellos del Ministerio de Trabajo bonaerense. Le manifiestan a Villegas una “profunda preocupación” por el “permanente accionar de los miembros integrantes de la Delegación Regional de La Plata de la Unión Obrera de la Construcción de la república Argentina (UOCRA)”. Se quejan por las “tomas de las obras y predios” para “forzar la celebración de acuerdos”, dicen que no pueden ser obligados a pagar más que lo que establece el convenio laboral y que eso sería “consentir prácticas sindicales arbitrarias y abusivas”
El Colegio de Ingenieros hizo su nota el 16 de junio, al día siguiente de la reunión donde lo acordaron. También manifestaron su “preocupación” y se quejaron de “los costos laborales fuera del convenio”. El matasellos del ministerio de Trabajo bonaerense muestra que la llevaron el 23 de junio, el mismo día que la Cámara de la Construcción.
La Cámara de Desarrolladores Urbanos escribió su parte el 14 de junio, un día antes de la reunión en el Banco Provincia. Pero la presentó ante Villegas el 26 de junio, 11 días después del acuerdo. Plantearon que “la alta conflictividad que presenta la delegación regional del gremio de la construcción (UOCRA Regional La Plata) se ha tornado casi inviable la construcción de obras privadas” y solicitaron a Villegas que intervenga “haciendo cesar de manera inmediata el accionar de la UOCRA seccional La Plata”. Entre las firmas de la nota está la de Fabián Cusini, uno de los participantes de la reunión con Villegas.
La Unión Industrial del Gran La Plata hizo su parte el 22 de junio, a una semana de la reunión. Le escribieron a Villegas acerca de las “irregulares demandas de cumplimiento por parte del gremio UOCRA” y le pidieron su intervención. Detallaron que “UOCRA es liderada por el Sr. Juan Pablo Medina” y el documento lo firma Hugo Timossi, presidente de esa sede de la UIA, y no Marcelo Jaworski, que fue quien estuvo en el encuentro en el Banco Provincia. El 26 de junio Villegas recibió la nota.
El Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires hizo su nota el 26 de junio, 11 días después de la reunión. La firma Guillermo Moretto, que estuvo en el encuentro con Villegas en el Banco Provincia.
Desde APYMECO no esperaron mucho: el 19 de junio, a 4 días de la reunión, redactaron la nota que les pidió el ministro Villegas. También denunciaron que “para poder iniciar su obra debe en forma obligatoria e inexorable comparecer ante las autoridades del gremio local a fin de suscribir con ellos un convenio que establece, de forma unilateral, salarios por encima de los homologados a nivel nacional”. Dijeron también que “una vez iniciada cada obra, los empresarios son víctimas de apriete”. La firma Jorge Del Río, que estuvo en la reunión con Villegas en el Banco Provincia.
ACIMCO, otra de las entidades que estuvo en el encuentro del escándalo Gestapo representada por Bernardo Zaslascky, hizo la nota que le correspondía el 22 de junio, a la semana. Se la mandó al ministro Villegas “ante la persistente paralización y reducción de la actividad constructiva en la región de La Plata capital”.
