El Senado de la Nación aprobó este miércoles, y giró a la Cámara de Diputados, el Consenso Fiscal que el Poder Ejecutivo Nacional firmó con 21 gobernadores del oficialismo y la oposición, en diciembre del año pasado y cuyo objetivo es buscar acuerdos en torno a políticas tributarias, así como lograr equilibrios en el control de la evasión impositiva en todo el país.
La iniciativa obtuvo 45 votos a favor, 17 en contra y una abstención, manifestada por el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, cuya provincia sí firmó el pacto.
El acuerdo recibió el apoyo unánime del interbloque del Frente de Todos y de sus aliados, en tanto que la principal bancada de la oposición votó de manera dividida.
Aquel documento fue firmado el 27 de diciembre del año pasado por los Gobiernos opositores de Jujuy, Corrientes, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Misiones y Rio Negro, además del resto de las provincias gobernadas por el Frente de Todos.
Las únicas jurisdicciones que no adhirieron fueron San Luis, La Pampa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gobernada por el dirigente de PRO, Horacio Rodríguez Larreta.
El expediente que ahora debe tratar Diputados es un acuerdo federal que busca la instrumentación de una política y administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones partícipes, de modo que las distintas decisiones se adopten en un marco de estabilidad jurídica a la vez que aseguren una armonización tributaria.
Otra de las metas es fortalecer la autonomía de las provincias brindando estabilidad jurídica a los gobiernos y a los contribuyentes respecto de los impuestos provinciales.
El nuevo consenso fiscal prevé que las alícuotas de Ingresos Brutos no deberán ser superiores a las establecidas para cada actividad y ratifica la decisión de analizar en 2022 la posibilidad de legislar sobre un impuesto a la herencia.
También contiene un capítulo denominado de «endeudamiento responsable», que determina que las provincias podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera solo a través de líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito y que en materia de «responsabilidad fiscal» fija que «la regla de límite de crecimiento del gasto estará regida en todos los casos por el incremento del PIB», entre otras cuestiones.
El jefe del interbloque oficialista, el formoseño José Mayans, aseguró que “estos pactos fiscales no tienen color político, por eso firmaron este pacto los gobernadores de la oposición”.
“No tengo dudas de que a lo mejor a fin de año se firma otro pacto fiscal. Porque hay gobernadores que tienen altamente comprometido su endeudamiento. No creo que los gobernadores firmen esto porque no entienden el problema. Aspiran a que el Senado acompañe y si hay que corregir, que se corrija”, afirmó.
Los porteños Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri, al igual que la tucumana Beatriz Ávila, todos de Juntos por el Cambio, fueron algunos de los legisladores que votaron en contra de la medida.
El exministro de Economía habló de que se trata de “una suba de impuestos encubierta” y agregó que “la condición para firmar este acuerdo es suspender los reclamos judiciales en curso”.
“La Ciudad de Buenos Aires tomó el compromiso de que, en cuanto le devuelvan el dinero que le sacaron de la Coparticipación, va a bajar los impuestos. Les recuerdo que le sacaron el equivalente al 90 por ciento del sueldo del personal de la salud en medio de una pandemia”, remarcó.
Ávila, en tanto, consideró al Consenso Fiscal como “un retroceso en el apoyo al sector productivo y a las economías regionales”.
“En el actual contexto es un retroceso porque a las provincias se les da la potestad para alentar el aumento de impuestos arcaicos”, expresó.
El radical Luis Naidenoff, quien votó favorablemente, aseveró que los “consensos fiscales son producto de argentina pendular y de la lógica que se impone que es el ‘vamos viendo’”.
Además, coincidió con su coterráneo Mayans al añadir que “seguramente el año que viene habrá otro consenso fiscal como consecuencia del debate pendiente en materia fiscal que tiene la Argentina”.
El oficialista Oscar Parrilli, en tanto, opinó que “este consenso fiscal es un avance en la relación a los consenso fiscales anteriores”.
“En Argentina hubo consenso fiscales unitarios. A los gobernadores se les quiere enseñar cómo gobernar: así fueron consensos fiscales desde 2017 en adelante. Les exigían que debían bajar impuestos e ingresos y por la ventanilla del costado se les daba una tarjetita para que vayan a endeudarse en dólares. No puedo admitir que se le cercenen facultades a los gobernadores”, sentenció.
Por último, el radical Cornejo, el único que se abstuvo, dijo que “votar a favor es autorizar a los gobernadores a que aumenten impuestos”, aunque luego recordó que tres de los mandatarios de Juntos por el Cambio suscribieron la medida.
“Me voy a abstener porque, para mí, cualquiera de las opciones que se me presentan es sub-óptima”, sentenció. (Télam)
