Se trata de los efectivos Oscar Ezequiel Melgarejo (30); Adrián Ramiro Cardozo (41); Franco Ramón Mamani (29), quienes fueron apresados por el personal de Prefectura Naval en Caleta Olivia. Se aguarda por el testimonio de otros presos que podrían haber visto algo raro.
Caleta Olivia no sale de la conmoción. El año 2021 terminó con la muerte de una persona privada de su libertad y, tal como ha sucedido en el pasado, un halo de misterio cubrió a la ciudad del norte de la provincia, poniendo nuevamente el ojo sobre el accionar de las fuerzas de seguridad que deberían velar por las decisiones judiciales.
Esta vez se trató del caso de Santiago Díaz, un chico de 25 años que estaba imputado por un cruento crimen que se registró en noviembre pasado y por el que estaba procesado con prisión preventiva en la Comisaría Segunda de la ciudad de El Gorosito.
Díaz era un paciente psiquiátrico y, si bien había tenido episodios violentos -tal como por el que estaba detenido- sus familiares indicaron que era una «persona tranquila«, que vivía con su padecimiento de salud mental desde hacía ocho años.
En la madrugada del 31 de diciembre ocurrió un confuso episodio en el que se encontraron dos versiones y por el que, por estas horas, el juez de instrucción Marcos Pérez Soruco se encuentra investigando con el fin de desentramar lo que realmente ocurrió en la dependencia policial ubicada en la calle José Hernández al 1200.
La primera versión, aportada desde la Policía, indicaba que Díaz había solicitado permiso para ir al baño de la seccional cuando, en un momento dado, logró reducir a patadas y golpes de puño a un celador para luego darse a la fuga por la calle antes mencionada.
En el momento de la huida, siempre en la versión aportada por la fuerza de seguridad provincial, Díaz se descompensó y falleció tras desplomarse en la calle. «Murió de un paro cardiorrespiratorio» fue la primera teoría que los efectivos le dieron a la familia de la persona que estaba privada de su libertad.
La luz saldría en horas de la tarde. Por orden del Poder Judicial y con tal de bregar por la mayor transparencia posible, las investigaciones no estuvieron a cargo de la Policía de Santa Cruz sino que el magistrado que entiende la causa ordenó que fuera Prefectura Naval Argentina quien realizara las diligencias.
Cuando apenas faltaban seis horas para que comenzara el 2022, salió a la luz el resultado de la autopsia practicada a los restos de Díaz, en la vecina ciudad de Puerto Deseado. La fuerza federal le brindó una copia de la conclusión a la que habían llegado los profesionales de la salud, a los familiares de Díaz. «Muerte por asfixia por compresión«, indicaba el papel.
Esa copia generó un giro en la causa, además de bronca y dolor por parte de los seres queridos del detenido. Las autoridades de la fuerza de seguridad provincial aseguraron haber conocido las novedades a través de la prensa y no dudaron en ponerse a disposición de la familia.
La noticia generó un cimbronazo en toda la cúpula de la fuerza de seguridad provincial. El comisario mayor Pablo Rodríguez, a cargo de la Regional Zona Norte, se comunicó con sus superiores y con Pérez Soruco para ponerse a disposición de la situación y, de manera preventiva, se tomó la primera determinación: los seis efectivos que estuvieron de guardia durante la madrugada fueron apartados. Lo mismo sucedió con un suboficial que trabaja en el Comando Radioeléctrico, que estaba de franco servicio pero que habría tenido incidencia en el requerimiento por el fallecimiento de Díaz.
Los siete efectivos comenzaron a ser investigados por el área de Asuntos Internos de la Policía de Santa Cruz y les retuvieron el arma reglamentaria, mientras las actuaciones administrativas y judiciales en su contra continúen su curso.
«Es un interno que tenés adentro de tu seccional, con su certificado de discapacidad mental no es un lugar apto para que él pueda estar acá, lleva más de un mes y medio, entró con su certificado, él estaba procesado y usted tiene que responder. El juez Contreras tiene que responder por esto, y usted como comisario de la dependencia» le recriminó Bruno a Moreno, esto teniendo en cuenta que quien había procesado con preventiva a Díaz fue Gabriel Contreras, el magistrado que había resuelto que quede tras las rejas.
Díaz resulta ser hijo de una hermana de la expareja del hombre asesinado, llamada Gabriela, con quien el hombre tenía dos hijas y un hijo, y de quien estaba separado hacía varios años. Pero a pesar de que ellos ya no compartían un vínculo amoroso, este joven de 25 años seguía en contacto con González Andana y lo iba a visitar en la casilla de madera en que vivía.
«Siempre iba a molestarlo y a pedirle plata, pero a lo último Pedro ya no le daba más y lo echaba», dijo una fuente cercana a la familia, en diálogo con La Opinión Zona Norte, sobre la relación que tenían.
En la continuidad de las averiguaciones, quien está a cargo de las mismas por Prefectura Naval, es el encargado de la sede local, prefecto Edgardo Estévez. Junto a una comisión de la fuerza federal, inspeccionaron la seccional.
El procedimiento se hizo en la noche del mismo 31 de diciembre, ante la atenta mirada de los familiares que todavía buscan saber qué pasó esa noche con su ser querido.
«De acá se llevaron todo lo que es libro de guardias, la medicación, las planillas, todo lo que tenían que llevarse se lo llevaron, yo no quiero faltar el respeto, no estoy mintiendo, no les estoy faltando a la verdad, de esto yo no tengo acceso» indicó Moreno sobre las actuaciones que se realizaron en la dependencia en la que él está al frente.
En horas de la noche del sábado se conocieron novedades sobre las primeras teorías en las que trabaja el Poder Judicial en torno a la investigación de la muerte de Díaz. Por ello, ordenó demorar a tres policías que estarían más complicados.
Se trata de Oscar Ezequiel Melgarejo (30); Adrián Ramiro Cardozo (41); Franco Ramón Mamani (29), quienes fueron apresados por el personal de Prefectura Naval para luego trasladarlos a su sede ubicada en la avenida Mártires del Crucero General Belgrano, a la espera de nuevas directivas del magistrado interviniente.
Lo que resta
En torno a la muerte del interno existen muchas incongruencias que se buscan establecer, fehacientemente, cómo ocurrieron. A partir de testimoniales, se buscará la verdad.
Por lo que se aguarda lo que pueden llegar a decir los tres policías detenidos y, según la hipótesis de la familia, uno de ellos es el más complicado. «A mi me dijiste que fue ese tal Mamani» fue lo que le recriminó Bruno a Moreno, cuando lo increpó en las inmediaciones de la Seccional Segunda.
Asimismo, cabe remarcar que los efectivos tienen el derecho a guardar silencio en la eventual indagatoria.
De igual manera, otros testimonios serán fundamentales, como de las otras personas que se encontraban detenidas en la dependencia policial al momento de la presunta fuga y posterior fallecimiento de Díaz. Hombres que podrían haber visto el momento del posible altercado en los pasillos camino al baño u otra situación extraña.
Fuente laopinionaustral.
