Punta Tombo: un conflicto familiar desencadenó la masacre de 292 pingüinos y huevos de pichón

Un informe de un experto conservacionista calculó esa cantidad de víctimas. La Justicia investiga como hipótesis una disputa sucesoria

La investigación sobre la masacre de cientos pingüinos de Magallanes en la zona de Punta Tombo empieza a adquirir mayor claridad. Por el accionar de la topadora, se estima que al menos hubo 292 pichones muertos y huevos destruidos. Mientras tanto, la Justicia de Chubut explora como desencadenante un conflicto sucesorio.

Tras una serie de allanamientos durante el martes, la fiscal a cargo de la causa, Florencia Gómez, identificó a uno de los responsables del hecho. “Hay una situación familiar previa”, explicó la funcionaria judicial. “Todo comenzó con un problema sucesorio de esa propiedad”, informó. Es por ese motivo que uno de los propietarios que disputa la titularidad del terreno decidió, “sin autorización previa, realizar un camino hacia la costa”. Uno de los titulares del inmueble, Luis Alberto La Regina, indicó que se trató de una usurpación.

Para concretar la obra, el acusado dispuso de maquinaria pesada para construir el sendero de unos 700 metros de largo por tres de ancho. Se desmontó toda la vegetación nativa. El mayor daño ambiental y visible fue que “pasó con la topadora por arriba de los nidos”, junto con el aplastamiento y compactación del terreno que implicó que el material se depositara con la pala sobre las cuevas linderas al camino.

“Esto generó que más de 140 nidos quedaran aplastados y los pichones que se hallaban en cada nido, entre dos y tres ejemplares, quedaran ahogados por la misma tierra”, afirmó Gómez. Además, la colocación de un cerco perimetral electrificado provocó que tanto “el pingüino macho y hembra adultos que van al mar a buscar comida para sus crías, cuando volvieron con la comida, se electrocutaron”.

Desde ayer, la actuación judicial lleva adelante una inspección ocular para poder evaluar la magnitud del daño, en conjunto con investigadores Centro Nacional Patagónico (Cenpat) y otros especialistas. Uno de ellos es Pablo García Borboroglu,fundador del grupo especialista de pingüinos dentro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). El experto es una referencia mundial en la materia y estuvo encargado del reporte que se presentó ante la fiscalía.

“Se estima un total de 292 pichones muertos y/o huevos destruidos, sin poder estimar aún el número de adultosque pudieran haber resultado aplastados por las máquinas dentro de sus nidos”, sostuvo Borboroglu en su análisis publicado por la prensa de Chubut. “Los pingüinos estaban todos con pichones, algunos se habrán escapado en el momento del disturbio y otros quedaron aplastados”, agregó el biólogo.

El trazado del camino atraviesa un área de alta densidad de pingüinos. El experto constató que a raíz del cerco perimetral, además de poner a los ejemplares en riesgo de ser electrocutados, provocó “el desconcierto de los adultos que regresaban del mar pretendiendo retornar a sus nidos al ver a sus crías obstaculizadas para poder ingresar”. También se menciona la presencia de ganado vacuno sobre el área de nidificación.

“No puede ser que un loco con una topadora genere un daño así. La sanción debe ser ejemplificadora. Acá hubo invasión de propiedad privada y daño de fauna. Es una aberración lo sucedido”, ilustró Borboroglu.

Un conflicto familiar entre hermanos

La matanza y la destrucción del ecosistema ocurrió por una disputa familiar entre hermanos. El campo en cuestión, ubicado en Punta Lara, era propiedad de Luis La Regina. Al fallecer y realizarse la sucesión, las tierras pasaron a manos de sus hijos, Luis Alberto y Ricardo Omar. Estos quedaron como únicos dueños y se repartieron la propiedad.

Según indicó Eduardo Uzcudun, abogado de Luis Alberto La Regina, la masacre ocurrió en la parte de su cliente, quien se percató de lo ocurrido mientras realizaba un recorrido de rutina por los campos. De esa manera el episodio tomó estado público, cuando el damnificado realizó una denuncia contra Ricardo Omar, que derivó en la intervención del Ministerio de Turismo de Chubut y de la Fiscalía de Rawson.

“Todo esto pasó en la propiedad de mi cliente, pero usurpándola, invadiéndola. Este hecho puntual se dio ahora, anteriormente había habido otro suceso que no trascendió, pero que tuvo que ver con el impedimento de acceso a un camino viejo”, aseguró Uzcudun en diálogo con el medio local Cadena Tiempo.

Toda la zona de Punta Lara, si bien no corresponde específicamente al área de Punta Tombo, forma parte de una “reserva natural”. Por eso, se requiere de una autorización previa con personal idóneo para evitar este tipo de consecuencias de impacto ambiental.

Por el momento, la fiscalía de Rawson investiga la denuncia en el marco de la ley de malos tratos y actos de crueldad a los animales. Pero el tipo de calificación podría agravarse. Ayer, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, anunció que impulsa una denuncia penal para que se investigue el hecho ocurrido en una área Natural Protegida Punta Tombo, en conjunto con las actuaciones del gobierno de Chubut y de la justicia local. Con esa intención, Cabandié envió la Brigada de Control Ambiental (BCA) para inspeccionar el campo y fiscalizar las presuntas infracciones a la Ley 22.421 de conservación de la fauna.

“Vamos a tener seguramente un cambio de calificación. Los nidos se ven a la vista, todos los que conocemos el lugar sabemos que los pichones se ven. Es una época del año donde el pingüino viene a reproducirse”, remarcó la fiscal Gómez.

La reserva natural de Punta Tombo de la provincia de Chubut alberga a una de las mayores colonias continentales de pingüinos de Magallanes del planeta, abarca unas 210 hectáreas de estepa patagónica y está ubicada sobre la costa atlántica, en el departamento Florentino Ameghino y a 110 km de la capital provincial.

Diario Prensa