Proyecto para que los matrimonios se disuelvan en sede administrativa.
“En rasgos generales consiste en que si alguien se quiere divorciar, en lugar de ir a ver un abogado como para saber derechos, obligaciones y consecuencias, podrá ir al registro civil y decir ‘me quiero divorciar’. Llenará un formulario, lo completará y listo”, explicó Clemente Vidal Oliver.
El presidente del Colegio Público de Abogados de Ushuaia, Clemente Vidal Oliver, dialogó con la prensa sobre el proyecto que ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación que busca modificar varios artículos del Código Civil y Comercial, para permitir – en ciertas causales – la disolución del matrimonio a través un trámite administrativo.
Vidal Oliver contó: “El proyecto nos sorprendió porque nunca recibimos el contacto de quienes lo llevan adelante. Ni siquiera para ver nuestra opinión, qué consecuencias puede haber y demás”.
“Veremos la procedencia de una acción judicial. Por ahora es un proyecto de Ley que creo que no llegará a ninguna parte”.
Por lo que explicó, “en rasgos generales consiste en que si alguien se quiere divorciar, en lugar de ir a ver un abogado como para saber derechos, obligaciones y consecuencias, que vaya al registro civil y diga ‘me quiero divorciar’. Llenará un formulario, lo completará y listo”.
“Si tuviera hijos no entraría dentro de los requisitos. Aunque sí establece que deberán renunciar a sus derechos. La primera pregunta es ¿cómo saben cuáles son si no vieron un abogado?, ¿cómo sabemos a qué renunciamos si no sabemos nuestros derechos?, ¿cómo sabe la gente qué es un bien ganancial o un bien común?”, siguió.
“¿Qué pasa en el colectivo de víctimas de violencia de género con una mujer que es llevada bajo presión a divorciarse?”.
El abogado dijo no tener “idea de dónde surge, porque no tuvimos contacto con los impulsores de este proyecto. La diputada nacional Mabel Caparrós es una de las co-firmantes, pero no nos consultó a nosotros, ni al Colegio de Abogados de Río Grande”.
De igual forma, anticipó que “en esta semana saldrá la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Nosotros con los colegas de Río Grande nos sentimos más directamente involucrados porque una diputada de la provincia se encuentra involucrada. Aunque hay otros colegios que ya salieron a dar su opinión”.
“Cuando nos encontramos con estos proyectos, nos preguntamos por qué y para qué. Hasta ahora no lo podemos responder. Me parece interesante saber las profesiones de quienes impulsan estos proyectos. Hay dos psicólogas, una contadora y el resto son políticos. Ninguno es abogado”, agregó.
El proyecto
El texto en cuestión estipula que el divorcio podrá decretarse administrativamente por autoridad u oficial público con facultades suficientes del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas cuando exista petición de ambos cónyuges.
Los cónyuges deben acreditar los siguientes requisitos: existencia de acuerdo entre las partes; que no existan hijos matrimoniales de la unión de ambos cónyuges; inexistencia de pretensión alimentaria y compensación económica entre los cónyuges, haciendo constar su renuncia expresa, manifiesta e inequívoca; inexistencia de bienes registrables comunes o gananciales; y que hubiesen optado por el régimen de separación de bienes.
Entre los fundamentos del proyecto que lleva la firma de la diputada de Chubut, María Eugenia Alianiello, (aunque el proyecto se presentó con otros cinco firmantes del mismo partido), reflexiona sobre la posibilidad de que se haga en sede administrativa por implicar -según expone- menos costos para los justiciables (aunque habla de la “posible aplicación de aranceles y tasas”). También hace mención a que no es la primera vez que se trata un proyecto de este tipo que anteriormente no han prosperado, aunque en otros países sí, como Rusia, México o Ucrania entre otros.
Edición:
Diario Prensa
