El Padre intelectual de la República Argentina, el Dr. Juan Bautista Alberdi estableció con una frase tan corta como contundente el imperativo de la hora para la construcción de una nación: “Gobernar es poblar”. El Comandante Luis Piedrabuena, el Perito Moreno y el General Roca entendieron esa consigna avanzando con el conocimiento y la presencia en los espacios marítimos y terrestres. En la Tierra del Fuego, la avanzada de la Armada Argentina no era suficiente para construir soberanía: en 1895, la población del entonces territorio nacional era de 477 habitantes.
La geopolítica indicaba entonces la necesidad de fortalecer la presencia de la Nación Argentina y esa necesidad persiste hoy. Tierra del Fuego fue y sigue siendo la provincia menos poblada del país. La geopolítica presenta, asimismo, la realidad que enfrentan los intereses propios frente a los de otros. El Atlántico Sur, la Antártida y la Patagonia en sí plantean oportunidades inmensas pero a la vez vulnerabilidades que se transforman en riesgos. La presencia humana y el desarrollo de capacidades nacionales es vital para defender el futuro de la Nación en estos parajes.
La Tierra del Fuego no es un lugar fácil. Es un espacio hostil donde el sol se ve poco hace mucho frío en serio y cada acto de la vida es una proeza. No es un lugar para blandos. Fue y es un lugar de pioneros y valientes. Los recursos son escasos y la distancia a los centros de consumo impide el desarrollo de industrias o actividades productivas porque los costos de transporte de insumos y de la cadena de distribución imponen una barrera imposible de sostener. Sin industria no hay trabajo. Sin trabajo no hay población. Sin población no hay soberanía.
El Régimen de Promoción Especial Fiscal y Aduanera establecido por la Ley 19.640 en 1972 constituyó un hito en el desarrollo de la Isla Grande de Tierra del Fuego. Con ella se construyeron generaciones de habitantes fueguinos que tenían una razón para quedarse. Ese régimen constituyó un activo para la región y para el país en términos geopolíticos. Significó generar capacidades de desarrollar empleo directo pero también cadenas de valor a través del contenido local que se deriva de las necesidades de vivienda, transporte, consumo de alimentos y vestuario, servicios de salud, educación, seguridad, comunicación, transporte y entretenimiento.
Más allá de haber servido de sustento de vida directo o indirecto a más de 50000 habitantes a lo largo de su historia, la Ley 19.640 construyó comunidad pues permitió el desarrollo de relaciones institucionales, comerciales, sociales, culturales, familiares y de amistad que tejieron una trama que hoy está en el ADN de los fueguinos. Las cadenas de valor construyeron, por encima de todo, identidad nacional y espíritu local allí donde era vulnerable.
Los proyectos de valor geopolítico más importantes como el Polo Logístico Antártico en Ushuaia o la generación de hidrógeno verde en la zona de Rio Grande, necesitan de un modo sine-qua-non de la trama económica que ha construido la Ley 19.640 constituida por pequeñas empresas proveedoras de bienes y servicios. De esta forma, el retorno de la inversión en la provincia no se da sólo en el sueldo de quienes trabajan en la industria electrónica sino, justamente, la capacidad de contribuir al sostenimiento de otras industrias, obras públicas o emprendimientos.
Cabe preguntarse si la configuración actual de las cadenas de valor apoyadas en la ley son lo óptimo en las presentes circunstancias macroeconómicas del país. La respuesta es un contundente NO!. Es necesario adecuarla a nuevos modelos funcionales de la tecnología, a maximizar el beneficio directo a los trabajadores, optimizar sus cadenas de abastecimiento y distribución y abarcar el creciente espacio de la economía del conocimiento. Es necesario, como todo en la vida, actualizarla. La Ley es una plataforma de experiencia y de sustento inigualable para construir una nueva ley a partir de sus modelos y de la experiencia adquirida.
El proyecto de ley no será aprobado en virtud del balance político imperante. En consecuencia, se transforma en una oportunidad extraordinaria para abrir un espacio de diálogo tendiente a la optimización de la ley. Ese diálogo debe generarse no solo desde la perspectiva macroeconómica sino de los impactos reales que genera en los multiples grupos sociales que son afectados por la cadena de valor que la ley genera.
Este proyecto de valor pone de relieve, una vez más que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires. El gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires concentran los contrastes más importantes de riqueza y de pobreza del país como así también de la centralidad del poder. El federalismo se debilita con ese esquema de centralización del poder. Las cuestiones que afectan a los fueguinos y su futuro deben dialogarse con los fueguinos. No consultarlos significa perder la oportunidad de aprender de la experiencia de 50 años de aplicación de la norma.
Mientras ese espacio de diálogo no sea honesta y equitativamente abierto, los fueguinos y quienes los represantamos, debemos luchar para sostener una ley que le dio vida e identidad a la provincia más austral del país.
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