El Poder Ejecutivo promulgó la ley que amplió en 2 años el plazo para que concrete la expropiación de 65 parcelas ubicadas en la Margen Sur de Río Grande, y que fuera autorizada a fines de 2019. Los legisladores destinaron en el presupuesto 124,6 millones de pesos a tal fin.
La ley 1402 extendió por 2 años, contados a partir de la promulgación de la norma, el plazo establecido en la ley 421 para promover los juicios de expropiación, que era de 2 años, pero únicamente para el caso de las tierras declaradas de utilidad pública y sujetas a la expropiación dispuesta en la ley 1287. Además, en la ley de presupuestos 2022 se afectaron específicamente al pago de la expropiación de esas 65 parcelas de la sección K del departamento Río Grande 124,6 millones de pesos.
El 29 de noviembre de 2019 la Legislatura aprobó la ley que declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación las inmuebles ubicados en la ciudad de Rio Grande, identificados catastralmente como Macizo 63, parcelas 5, 6, 8 a 11, 14 y 16; Macizo 64, parcelas 1 a 12, 20, 21, 23 a 25; Macizo 65, parcelas 1 a 9, 14 a 21; Macizo 66, parcelas 1 a 20; Macizo 68, parcela 1; y Macizo 69, parcelas 1, 2 y 4, todos de la Sección K, para “desarrollar un polo productivo de pequeña escala para la agricultura familiar, producción de animales de granja y otros subproductos”.
Para cumplir con ese objetivo, la referida norma estableció que “los bienes expropiados serán cedidos a título oneroso a sus actuales ocupantes, regularizándose la posesión y la tenencia mediante el otorgamiento de los respectivos títulos”, y que “el precio de dichas transferencias deberá garantizar el recupero de los fondos invertidos por el Estado en la indemnización de las expropiaciones”.
Para garantizar la concreción de ese polo productivo a pequeña escala se determinó que la subdivisión, mensura y deslinde de los predios deberá contemplar que “las chacras resultantes” cuenten con “una dimensión mínima de 2.500 m2 y una máxima de 10.000 m2”.
De acuerdo al relevamiento realizado hace ya más de tres años por la Secretaria de Agroindustria y Pesca, existían en ese sector de la Margen Sur 347 chacras, de las cuales 182 se encontraban improductivas, 47 en estado de abandono y 165 con producción avícola, porcina u hortícola.
Se impuso además como condición que “los destinatarios de las parcelas, así como sus sucesores, quedan obligados a mantener el perfil productivo del sector, quedándoles prohibido ceder, transferir o arrendar la tierra o el establecimiento, por un plazo que se extiende hasta 20 años a contar desde el perfeccionamiento del título de propiedad”, como asía también que “los negocios otorgados en violación a esta prohibición son absolutamente nulos y generan para el cedente, transferente o arrendador la obligación de indemnizar al Estado provincial con una suma igual al doble de lo pagado hasta ese momento”.
Fuente Cronicas Fueginas.
