Luego de conocerse que el juez penal de Ushuaia y el ex secretario de la Causa AMIA en la década de los 90, Javier De Gamas Soler, fue beneficiado con la jubilación extraordinaria en la provincia (VER), a pesar de su complicada situación procesal relacionada con el trágico atentado que cobró la vida de decenas de argentinos, el abogado Jorge Pintos, quien previamente había presentado una solicitud de destitución del juez, expresó su preocupación por la situación y adelantó la formulación de un planteo ante la Fiscalía ante sus dudas sobre la legitimidad del beneficio otorgado al cuestionado ex juez.
Pintos afirmó que tomó conocimiento por los medios de la noticia, “porque había salido una publicación en un medio nacional, y tomé conocimiento de que se le habría otorgado el beneficio jubilatorio en virtud de eso. Ante esa circunstancia, consulté directamente a una autoridad de la Caja de Previsión de la provincia, para que me confirme esta información y, efectivamente, me confirmó que le habían otorgado la jubilación».
El abogado enfatizó la necesidad de abordar esta delicada situación y cuestionó la legalidad del proceso: «Es necesario tomar un tipo de medida. No puede quedar una situación de esta manera y avalar con otros actos, creo que son actos de corrupción, una cosa que ya era corrupta de por sí».
Pintos también planteó dudas sobre la actuación de los funcionarios involucrados en el otorgamiento de la jubilación: «Los funcionarios que tramitan este tipo de cosas, solamente se los puede encuadrar de dos maneras: o son inútiles o son corruptos. No queda otro porque es vox pópuli todo lo que pasó está acreditado, se lo sabe a nivel internacional, pero acá pretende hacerse oídos sordos o mirar para otro lado ante situaciones como esta».
El letrado subrayó que evidentemente la Caja de Previsión de la provincia tenía conocimiento de las acciones legales en curso contra De Gamas Soler y que esto debería haber influido en la decisión de otorgar la jubilación.
Además, Pintos planteó la posibilidad de que la jubilación sea nula debido a la falta de legitimidad del beneficiario: «Para mí es nulo porque, si quien lo propone está en pleno conocimiento que es ilegítimo, porque no tendría las condiciones como para acceder, sabe que hay un jury en su contra, tiene un procesamiento, por lo tanto él mismo, en su recurso ante la Corte Suprema manifiesta que el riesgo que tiene justamente es que deberían destituirlo, no cabe duda que si el objeto es ilegítimo, el tratamiento de esta resolución sería nula porque tiene un objeto de por sí ilegítimo».
Pintos también planteó la posibilidad de presentar una denuncia ante la Fiscalía para investigar estas posibles irregularidades en el proceso de otorgamiento de la jubilación que denotó.
En última instancia, el abogado describió la decisión como un «premio» y señaló: «Es un premio, pero no al prontuario judicial, sino a los beneficios que le pudo haber otorgado a gente cercana al poder o a sus allegados, que fueron los que lo mantuvieron durante todo este tiempo. De otra manera no se concibe».
La concesión de la jubilación extraordinaria al ex juez Javier De Gamas Soler ha generado un debate sobre la legalidad y la ética en el sistema judicial y de jubilaciones de la provincia, y se espera que se realicen investigaciones adicionales para aclarar las circunstancias que rodean esta polémica decisión.
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