El Gobierno puso en marcha un nuevo esquema para la atención de extranjeros en hospitales nacionales. Los no residentes deberán pagar por consultas, estudios y tratamientos que no sean considerados urgencias. En cambio, las emergencias continuarán siendo atendidas sin restricciones.
La medida fue reglamentada por el Ministerio de Salud y deriva de los cambios introducidos por el DNU 366/2025 en la Ley de Migraciones. El objetivo es establecer un mecanismo único para cobrar las prestaciones realizadas a personas extranjeras que no tengan residencia permanente.
El sistema contempla dos alternativas. Si el paciente posee un seguro médico, el hospital podrá reclamar el costo directamente a la compañía. La aseguradora tendrá 45 días corridos para realizar el pago. Si no existe cobertura, el paciente deberá cancelar previamente el total de la prestación antes de acceder a una atención programada.
La regla no se aplicará a las emergencias. Los hospitales deberán atender de inmediato cualquier cuadro que implique un peligro real e inminente para la vida o una función vital, sin exigir trámites ni pagos previos.
El listado incluye infartos, accidentes cerebrovasculares, paros cardiorrespiratorios, traumatismos graves, hemorragias importantes, quemaduras extensas, sepsis, intoxicaciones y emergencias obstétricas, pediátricas y neonatales, entre otras situaciones críticas.
Además, si al momento del ingreso existen dudas sobre la gravedad del paciente, deberá prevalecer el criterio médico y garantizarse la asistencia inmediata hasta determinar si efectivamente se trata de una emergencia.
Los residentes permanentes quedan fuera del nuevo esquema de cobro. Podrán utilizar el sistema de salud nacional en igualdad de condiciones con los argentinos, siempre que acrediten su situación migratoria mediante el DNI correspondiente.
Para quienes no sean residentes permanentes y no tengan seguro, el hospital deberá calcular el valor de la prestación según el nomenclador vigente y exigir el pago anticipado del 100% del monto. El comprobante de pago será el respaldo necesario para realizar la práctica programada.
La reglamentación también obliga a los hospitales a verificar las coberturas, conservar la documentación y establecer mecanismos de auditoría para controlar los cobros y recuperar los costos cuando corresponda.
La decisión busca ordenar el sistema sanitario y evitar que personas ingresen al país con el único objetivo de acceder gratuitamente a tratamientos programados. Al mismo tiempo, el Gobierno dejó establecido que ninguna situación administrativa podrá impedir la atención de una emergencia médica.
