Con el regreso a las aulas después del receso invernal, el Gobierno nacional deberá enfrentar el primer paro docente bajo la vigencia de la reforma laboral que declaró a la educación como servicio esencial. En la Casa Rosada anticiparon que habrá controles en los establecimientos para verificar el cumplimiento de la ley y no descartan sanciones contra los gremios que no respeten las prestaciones mínimas.
La medida de fuerza, convocada por CTERA, impactará en escuelas de distintas provincias y reavivó el enfrentamiento entre el Ejecutivo y los sindicatos docentes. Desde el Ministerio de Capital Humano sostuvieron que la normativa vigente obliga a garantizar al menos el 75% del servicio educativo durante los conflictos laborales.
El oficialismo recordó que la legislación aprobada este año incorporó a la enseñanza inicial, primaria, secundaria y especial dentro de los servicios esenciales, por lo que un cese total de actividades sería incompatible con el marco legal. Aunque la norma fue cuestionada en la Justicia por algunos gremios, el Gobierno remarcó que continúa plenamente vigente mientras se resuelve el proceso judicial.
Para este lunes, Nación organizó un esquema de seguimiento en conjunto con las provincias con el objetivo de conocer el nivel de funcionamiento de las escuelas. Si se detectan incumplimientos, las autoridades adelantaron que iniciarán actuaciones administrativas que podrían derivar en multas para las organizaciones sindicales responsables.
En paralelo, la ministra Sandra Pettovello reunió de manera virtual al Consejo Federal de Educación para coordinar acciones con los ministros provinciales. Durante ese encuentro, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, ratificó que el Ejecutivo hará cumplir la legislación y trabajará para asegurar la continuidad de las clases.
El paro fue convocado por CTERA en reclamo de una recomposición salarial y por la falta de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente. Además, el gremio exige el regreso del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado por la actual gestión.
Desde el Gobierno respondieron que la negociación salarial depende exclusivamente de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, ya que son las empleadoras directas de los docentes. En ese sentido, insistieron en que la Nación no tiene competencia para definir los aumentos del sector.
En el Ejecutivo también señalaron que la organización sindical recurrió previamente a la Justicia para frenar cambios vinculados al sistema educativo y acusaron a los gremios de promover una medida que perjudica el derecho de los estudiantes a recibir clases.
Como antecedente, recordaron las sanciones aplicadas recientemente al sindicato ferroviario La Fraternidad por incumplir una conciliación obligatoria y advirtieron que, si el paro docente viola las disposiciones vigentes, podrían impulsarse procedimientos similares, que incluyen multas e incluso otras penalidades previstas por la legislación.
