El Gobierno nacional sancionó a los responsables del buque de pesca Tai An por haber sido sorprendido con una carga inédita de peces juveniles, en un claro atentado contra la continuidad de la especie en los mares australes.
La empresa Prodesur S.A. pagará solo la mitad, es decir 56 millones de pesos por aceptar la sanción y perderá la posibilidad de vender la carga, calculada en unos 5 millones de dólares.
El Gobierno Nacional informó en las últimas horas que dispuso un decomiso histórico de casi 139 toneladas de pesca ilegal, existente en las bodegas frigoríficas del buque arrastrero Tai An, propiedad del empresario chino radicado en Ushuaia Liu Zhijiang, dueño también de un hotel y de una casa de cambio instalados en el centro capitalino.
En medio de un gran escándalo por presunto tráfico de influencias, la Subsecretaría de Pesca realizó un procedimiento inédito en la actividad pesquera argentina, al decomisar casi 139 toneladas de merluza negra capturada de forma ilegal por un buque argentino.
El operativo se realizó luego de que empresas privadas denunciaran verbalmente ante la autoridad de aplicación que el Barco Tai An, propiedad de la empresa Prodesur S.A., se encontraba pescando de forma ilegal en zona de protección de juveniles de merluza negra. Tras esto, el Subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla, comenzó a seguir el derrotero del barco.
En ese procedimiento, se conoció que la firma no contaba con la cuota autorizada para la pesca de este ejemplar y superaba ampliamente las 5 toneladas autorizadas de manera «incidental», en relación al máximo permitido que puede entremezclarse en el cardumen que se pesca.
En este sentido, el artículo 2do., inciso H, de la Ley de Pesca 24.922 prohíbe en todos los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina el ejercicio de actividades pesqueras sin permiso, y sin asignación de cuota correspondiente, así como en contravención a la normativa legal vigente.
De esta manera, el artículo 55 de la ley facultó a determinar el corrimiento del buque y se indicó que debían abandonar la zona de protección de juveniles de merluza negra. Una vez arribado al puerto de Ushuaia, Tierra del Fuego, López Cazorla, basado en el artículo 53 de la Ley, impuso el decomiso de la mercadería.
De las 139 toneladas de merluza negra decomisadas, la autoridad de pesca ordenó sustituir por un importe en dinero equivalente al valor de mercado al momento de arribo a puerto del buque en cuestión. Este monto asciende, al día de hoy a 2.500 millones de pesos que serán ingresados al Fondo Nacional Pesquero -FONAPE.
La sanción aplicada a la empresa incluye la prohibición de despacho de pesca por 45 días y una multa de $113.400.000, que, al haberse allanado según la normativa, se reduce en un 50%, y alcanza los $56.700.000.
