El proyecto, que ya contaba con media sanción de la Cára de Diputados, recibió el apoyo unánime de los senadores presentes y se convirtió en ley. Más temprano, aprobaron el nombramiento de jueces para Santa Fe y Córdoba, y el proyecto que reconoce como natural y originario al lenguaje de señas.
El Senado de la Nación aprobó este jueves por unanimidad, y convirtió en Ley, el proyecto que busca prevenir las violencias y abusos en la infancia, impulsado tras el caso de Lucio Dupuy, el niño de cinco años asesinado a golpes en La Pampa, por el que fueron condenadas su madre y la pareja de esta.
En el recinto se encontraba presente el abuelo del niño, Ramón Dupuy, quien arribó al Congreso junto a otros familiares y reclamaba la aprobación de la iniciativa.
Diez senadores de las distintas bancadas participaron como oradores para exponer sobre esta iniciativa que, tal como estimaban fuentes parlamentarias, fue aprobada por unanimidad.
En representación del Frente de Todos (FdT), el primer orador, el senador Daniel Bensusán (La Pampa), expresó que «la violencia de nuestras infancias atraviesa toda la sociedad y nos interpela a quienes tenemos responsabilidades institucionales y políticas».
El senador destacó «la importancia de legislar sobre el tema para evitar la violencia que se ejerció contra Lucio Dupuy», pidió que «se dejen de meter bajo la alfombra (este tipo de hechos)» y consideró que con esta ley se estará «respondiendo en forma madura como sociedad».
Por la oposición, María Belén Tapia, senadora por Santa Cruz, dijo que el abuelo de Lucio fue «un ejemplo» porque «sacó fuerzas de donde tal vez no sabía que las tenía» al pedir justicia y recordó que todos los espacios políticos «tienen intenciones de legislar» sobre este tipo de casos desde hace tiempo.
De qué se trata la Ley Lucio
La llamada Ley Lucio que busca prevenir la violencia y abuso en la infancia establece capacitaciones continuas y obligatorias, campañas de concientización y mayor presupuesto.
El proyecto crea el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio en Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) -plan que le da nombre a la ley- dirigido a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La capacitación prevista puede extenderse a administraciones provinciales y municipales y organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales.
La Senaf, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, será la autoridad de aplicación de la ley, por lo que tendrá una «obligación inmediata y directa» en las capacitaciones y campañas de concientización que deberán realizarse, en lo que ya cuentan con «cierta experiencia acumulada».
Uno de los artículos de la ley plantea, además, la creación de campañas de concientización para que toda la población se involucre en la promoción y defensa de los derechos de NNyA.
Asimismo, otro eje central es la protección de los denunciantes en los casos de posible vulneración, procurando «la reserva de identidad del denunciante y la protección de su integridad».
La ley enfatiza en el deber de comunicar una vulneración o amenaza de derechos y el deber de recibir y tramitar una denuncia por parte del funcionario público, conforme lo establecido en la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de NNyA y la Ley 27.455 de Abuso en la Infancia.
El proyecto de ley surgió tras el asesinato de Lucio en noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa, hecho por el que están siendo juzgadas su mamá, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez.
- Atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes
- Por llamada gratuita y confidencial a la Línea 102.
- Si sos víctima de violencia familiar o sexual, llamá a la Línea 137.
- Si no te podes comunicar, buscá las áreas de niñez de tu provincia.
Flexibilizaron los trámites para renovar el CUD
Un proyecto que flexibiliza los trámites para la renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD), y permite que ese documento pueda expedirse sin fecha de vencimiento, fue aprobado este jueves por unanimidad y convertido en ley por la Cámara de Senadores.
La iniciativa había sido aprobada a principios de noviembre en la Cámara de Diputados por unanimidad y especifica que el CUD “establecido en la legislación vigente o la que en un futuro la reemplace, sus modificatorias y complementarias, se expedirá con o sin fecha de vencimiento”.
La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) será la encargada de su actualización “conforme la concepción dinámica de la discapacidad dispuesta por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
Dicha actualización deberá implementar “la flexibilización de los requisitos para su otorgamiento”, señala el texto.
Según el proyecto, la Andis tendrá que definir el fortalecimiento de las juntas evaluadoras de las personas con discapacidad y, teniendo en cuenta recomendaciones que realice el Consejo Federal de Discapacidad, la persona beneficiaria “podrá solicitar la actualización del CUD en cualquier momento”.
La oficialista catamarqueña Lucía Corpacci comentó que “la institución que entrega el certificado de discapacidad certifica la pérdida de función que genera determinada discapacidad”.
“En muchísimas ocasiones, esa pérdida es definitiva y permanente, y por eso se hace innecesario pedir nuevamente esa certificación cada año o cada dos años”, mencionó.
El cordobés Luis Juez, de Juntos por el Cambio, mencionó que “cuando uno tiene una criatura con discapacidad y esa discapacidad es permanente, cuesta entender la reiteración sistemática, casi al borde de humillación, de demostrar que la criatura no va a progresar”.
“No sé cuántos senadores pasan por esa situación. Hace 22 años que tengo a un obsequio de Dios en casa que se llama Milagros. Y, en nombre de ella, de sus hermanos y de su familia completa, quiero dar las gracias”, relató.
Es ley el proyecto que declara de interés público la formación de la enfermería
La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad, y convirtió en ley, un proyecto que declara de interés público nacional la promoción de la formación y el desarrollo de la enfermería en la República Argentina.
El proyecto reconoce a la enfermería como trabajo profesional de la Salud y toma en cuenta la relevancia sociosanitaria del proceso de mejora continua de la calidad del trabajo profesional de enfermería, y la importancia del aumento y de la distribución federal de la dotación de enfermería en el territorio del país, para la mejora de la calidad del sistema de salud de la República Argentina.
El Ministerio de Educación debe estructurar una política nacional, federal, integral, de calidad y con perspectiva de género para el desarrollo de la formación de la enfermería, facilitar la creación de nuevas carreras universitarias y superiores técnicas de la profesión, y contribuir con recursos y aportes económicos para la mejora continua de la calidad de las instituciones formadoras.
Las jurisdicciones educativas de las provincias deberán progresivamente asegurar el funcionamiento de instancias internas de autoevaluación de calidad en las instituciones que implementan carreras superiores técnicas en enfermería.
Además, se crea el Programa Nacional de Formación de Enfermería en el ámbito del Ministerio de Educación, con el fin de administrar y gestionar los incentivos y aportes económicos para la mejora continua de la calidad de la formación de los enfermeros y enfermeras, incrementar el número de egresados y egresadas y promover el desarrollo de la enfermería en todo el territorio del país.
El presidente de la Comisión de Salud del Senado, el oficialista tucumano Pablo Yedlin, mencionó que “hay un aumento progresivo de la cantidad de enfermeros de los últimos años”, aunque mencionó que “el problema es de distribución de recurso humano”. “Esta ley viene a promover la formación de calidad de los enfermeros y jerarquiza la enfermería como un trabajo profesional de la salud”, reiteró.
Aprueban un proyecto que elimina la «fe de vida» para los jubilados
Un proyecto que tiene por objeto la eliminación del trámite de actualización de «Fe de Vida» que deben presentar jubilados y pensionados que integran el Sistema Integrado Previsional Argentino y de Pensiones No Contributivas para el cobro de sus haberes mensuales, fue aprobado por el Senado de la Nación y girado a Diputados.
Según se informó, de los aproximadamente 7,3 millones de pasivos del sistema previsional, más de 3,2 millones no deben presentar su fe de vida a partir de acuerdos entre el Estado y algunas entidades bancarias, en su mayoría, del sector público. El resto está obligado a realizar el trámite que, al ser aprobado en la sesión, quedará eliminado.
El artículo primero de la iniciativa establece que «en ningún caso podrán requerirse trámites adicionales a cargo del beneficiario y/o apoderado de la prestación» jubilatoria «más allá de las verificaciones realizadas al momento del cobro presencial que eventualmente se realice».
La oficialista bonaerense, Juliana Di Tullio, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, manifestó que este proyecto «les devuelve la dignidad a las personas» porque «evita que una persona tenga que decir que está viva para poder cobrar sus derechos».
«Hay vastísima prueba para que un banco, que sabe todo y en general nos ofrece todos sus servicios, esté obligado a no pedir nunca más un trámite de este tipo. No habrá beneficiario de ninguna jubilación o pensión que tenga que demostrar que está con vida», explicó.
Es ley el proyecto que amplía el programa de cardiopatías congénitas
Un proyecto de ley para ampliar el programa nacional de Cardiopatías Congénitas, una de las principales causas de mortalidad infantil durante el primer año de vida, fue aprobado por la Cámara de Senadores y convertido en ley.
La iniciativa, que contó con el apoyo de todas las bancadas de la Cámara alta, había sido aprobada con un amplio consenso en Diputados el último 24 de noviembre.
El proyecto busca, entre otras cuestiones, mejorar el diagnóstico prenatal y postnatal de las cardiopatías congénitas y garantizar la tecnología necesaria para los diagnósticos y tratamientos oportunos.
Además, apunta a favorecer la derivación oportuna y segura a los centros de referencia; regionalizar la atención y organizar la red de derivación y fortalecer el Registro Nacional de Tipos de Cardiopatías Congénitas (RNCC).
De acuerdo con la iniciativa, se establece que «las mujeres embarazadas y/o personas gestantes tienen derecho a un control prenatal que incluya la detección precoz de cardiopatías congénitas, garantizando, si correspondiera, el traslado intrauterino».
El comienzo de la sesión
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner abrió este jueves la primera sesión del año parlamentario en el Senado, con un temario acordado entre oficialismo y oposición que incluye el debate de la ley de Alcohol Cero, la Ley Lucio y el nombramiento de jueces y fiscales de las provincias de Santa Fe y Córdoba, ya aprobado, entre otros temas.
Tras un frustrado intento de conciliación hace dos semanas, las bancadas del Frente de Todos y Juntos por el Cambio acordaron discutir además la propuesta venida en revisión de la Cámara de Diputados sobre fortalecimiento de la justicia penal federal de Santa Fe.
También se incluyeron leyes sobre lenguaje de señas, enfermería, cardiopatías congénitas y una modificación a la ley de impuesto a las Ganancias para trabajadores de la salud.
En el inicio de la sesión el jefe de los senadores del Frente de Todos (FdT), José Mayans, respondió una cuestión de privilegio planteada por el senador opositor Juan Carlos Romero respecto a los incidentes registrados en la última reunión de los senadores en la que se frustró el debate por los desacuerdos sobre el temario.
«Me preocupa la agresión que hubo contra la presidenta provisional del Senado en ese momento (Claudia Ledesma), hubo senadores que se levantaron de las bancas con expresiones muy groseras y fueron a amenazarla», afirmó Mayans.
Romero había repudiado los abucheos y desórdenes registrados en las gradas del Senado en el último intento por sesionar, hace dos semanas, cuando los senadores de la oposición abandonaron el recinto y dejaron sin quórum el debate en desacuerdo con los temas propuestos por el oficialismo y el modo de conducir de la senadora Ledesma.
Familiares de víctimas de accidentes de tránsito que habían acudido al Senado para observar el debate sobre la Ley de Alcohol Cero comenzaron a reprocharle a viva voz a los senadores de Juntos por el Cambio su decisión de levantarse de las bancas.
En la sesión, también asistieron a presenciar el debate familiares del niño asesinado Lucio Dupuy y miembros de asociaciones que buscan la aprobación de la ley sobre el lenguaje de señas.
En la audiencia, se presentaron cuestiones de privilegio sobre el crimen del ex ministro de Desarrollo Social de Catamarca, Juan Carlos Rojas, y el senador por Juntos por el Cambio, José Torello, también planteó una cuestión similar para manifestar que no declararía ante la comisión de Juicio Político contra la Corte Suprema.
«No me voy a prestar a este circo», dijo el senador al hacer uso de la palabra, y expresó no obstante que no pretende esconderse en los fueros con carácter personal».
El primero de los temas aprobados fue el nombramiento de jueces para Santa Fe y Córdoba.
La Vicepresidenta abrió la sesión, la primera desde el 16 de noviembre de 2022 cuando se aprobó el Presupuesto nacional para este año, y luego dejó a la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma, a cargo de la conducción del debate.
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