El proyecto fue presentado por la diputada del Frente de Todos Carolina Gaillard junto a un grupo de colegas, luego del caso de violencia de género de Úrsula Bahillo.
Proponen que los funcionarios judiciales que demoren medidas de violencia de género vayan presos.
La diputada del Frente de Todos Carolina Gaillard presentó un proyecto para modificar el Código Penal y que los funcionarios judiciales que demoren medidas de violencia de género puedan ir presos.
La legisladora señala en los argumentos de la iniciativa que elaborado junto a un grupo de colegas que el femicidio de Úrsula Bahillo en la ciudad bonaerense de Rojas “ha vuelto a hacer visible la problemática de la violencia de género. Aquí se puede ver claramente el incumplimiento de deberes de funcionario público, tanto policial como judicial, la nula evaluación de riesgo y/o peligro para las mujeres, y una completa falta de empatía por sus vidas”.
El proyecto establece sanciones de prisión para funcionarios que demoren o frenen la disposición de medidas de prevención, y también para agresores que no cumplan con las restricciones establecidas por la Justicia.
“Sabemos que no todos los casos son iguales, y que no se puede realizar una modificación legal para cada caso. Pero observando el comportamiento de los servicios que debieran proteger a las mujeres, y no lo hacen, debemos avanzar más sobre sus acciones ya que el deber ser de sus funciones no tienen impacto en la realidad”, se añade en el documento.
Asimismo, Gaillard propone la sanción ante casos de “desobediencia” del agresor, cuando ésta se produzca ante una resolución judicial que tuviera por objeto salvaguardar la integridad física, psíquica o sexual de una persona. En el marco de un proceso en el que existiera una denuncia efectuada por violencia de género o violencia familiar, la pena será de tres a cinco años de prisión.
La iniciativa también incorpora un párrafo en el marco del artículo 249 del Código Penal -Ley 11.179-. En el agregado, se establece que será reprimido con prisión de 15 días a un año el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones, o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal.
Fuente Mitre.
