«Existió una violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad, con un fuerte componente de violencia sexual que incluyó acoso, abusos y violaciones sexuales«. Así grafica un informe de la Defensoría General de la Nación la situación de las mujeres privadas de su libertad en escuadrones de Gendarmería Nacional. En base a 17 testimonios de mujeres que estuvieron presas en estos lugares, la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría realizó una investigación que no solo da cuenta de la violencia sexual ejercida por efectivos de Gendarmería sino que también detalla el entramado de vejaciones y hacinamiento consolidado en estos destacamentos.
Violaciones, requisas invasivas que incluyen desnudos,revisiones vaginales o anales forzadas, manoseos, acoso verbal y gestual con connotación sexual, son solo algunos de los abusos que denunciaron estas mujeres en el marco de la investigación llevada a cabo por las comisiones de Género y de Cárceles de la Defensoría, en conjunto con el Programa contra la Violencia Institucional.
El informe, que determina que «estas prácticas resultan ilegales, denigrantes y configuran formas de violencia sexual«, fue presentado este martes en conferencia virtual por la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, en la previa del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres. Martínez sostuvo que el objetivo del informe es “visibilizar estas violaciones de derechos humanos ejercidos sobre un grupo particularmente vulnerable”, y precisó que la situación «es histórica, con una larga y dramática trayectoria”.
Los 17 testimonios fueron brindados por ex reclusas de los escuadrones de Gendarmería de Paso de los Libres (Corrientes), Eldorado e Iguazú (Misiones), Clorinda (Formosa), Orán (Salta), La Quiaca y Ledesma (Jujuy), y San Miguel de Tucumán. En todos estos lugares la supervisión está a cargo de agentes varones.
Según los testimonios, buena parte de los abusos se producían cuando algunas detenidas eran retiradas durante la noche de sus celdas por efectivos que ingresaban solos al calabozo, algo que está prohibido por normativa. El informe también indica que «varias contaron que había detenidas que eran ‘novias’ o tenían ‘una relación amorosa’ con los gendarmes», algo que, según explica la Defensoría, debe ser leído «en clave con los estándares internacionales que señalan que no hay consentimiento válido en contextos coercitivos como son los espacios de detención». En este sentido, los testimonios dieron cuenta de situaciones de chantaje: los gendarmes proveían elementos de necesidad a cambio de relaciones sexuales.
Además, el informe detalla que en los calabozos de estas unidades hay sobrepoblación y hacinamiento, se dan comidas crudas o podridas, falta el agua potable, se prohíben visitas, las personas no tienen lugar para dormir, los baños son insuficientes y sin higiene, y se producen castigos y torturas físicas que incluyen encierros prolongados en celdas plagadas de insectos.
La lista de vejaciones continúa en los escuadrones de Gendarmería que, además, no están autorizados para alojar personas privadas de su libertad más allá de las primeras horas de detención. Pero sucede que, ante el colapso de las unidades penitenciarias del país, los traslados definitivos nunca llegan a producirse: 14 de las entrevistadas aseguraron haber solicitado traslado, algunas en reiteradas oportunidades, y en todos los casos la transferencia quedó inconclusa por falta de cupo.
Ahora, con toda la información recabada, se entregó a «las autoridades nacionales con competencia en la materia» un documento en el que se detalla la situación «para generar garantías de no repetición, que se investiguen los casos denunciados por abusos sexuales y se adopten medidas para evitar la detención en estos espacios no habilitados«
